El día 30 de agosto, todos los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, dentro de la campaña “Paren de Fumigarnos”, hicieron entrega en la Legislatura santafecina de la primera tanda de petitorios firmados, alrededor de más de 25.000 firmas, y más de 100 instituciones que avalan y acompañan el pedido. Es imprescindible que este año sea tratado el mismo si no perdería estado parlamentario.
Se está exigiendo a los legisladores de la provincia de Santa Fe el tratamiento del proyecto de modificación de la ley 11273/95 que regula el uso y control de agroquímicos en toda la provincia, con la incorporación de dos puntos esenciales:
1.- Prohibición de las fumigaciones aéreas en toda la provincia y
2.- establecimiento de áreas de resguardo para las aplicaciones terrestres según lo dispuesto en el “fallo de San Jorge” (800 metros libres de agrotóxicos alrededor de las poblaciones) así como la expresa prohibición del uso de los mismos en transporte y almacenamiento de granos dentro de los ejidos urbanos.
Unos 300 vecinos entregaron 25 mil firmas recogidas por 110 entidades en 70 poblaciones de la provincia de Santa Fe. |
Más de trescientas personas se reunieron frente a la Legislatura provincial, en Santa Fe, participando de la campaña "Paren de Fumigarnos" que ayer fueron a entregar a los senadores un petitorio firmado por 25 mil santafesinos y más de 110 instituciones gremiales, escolares, religiosas, entre otras.
Entre otros puntos, los vecinos señalan como referencia el estudio realizado por el Ministerio de Salud provincial en el barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe.
El fallo San Jorge
El Ministerio de Salud de la provincia presentó un estudio realizado en la ciudad de San Jorge, destinado a valorar la incidencia del llamado "fallo San Jorge" sobre la salud de las personas. El informe concluyó que hubo una disminución de 16 por ciento de consultas médicas atribuibles a que no se fumiga. El "Fallo San Jorge" surgió con el titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, que resolvió prohibir a perpetuidad la fumigación en campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad.
El fallo San Jorge establece que deben existir 800 metros libres de agrotóxicos alrededor de las poblaciones. |
En diciembre de 2009 la Cámara de Apelaciones Nº 2 de la ciudad de Santa Fe ratificó el fallo de primera instancia del juez Martínez, dio lugar a la apelación de la Municipalidad local y la eximió de las costas de la demanda y rechazó el recurso interpuesto por el gobierno de la provincia de Santa Fe, al que condenó al pago de costas.
Las 25 mil firmas
Fueron recibidos por el titular pro témpore del cuerpo, Alberto Crosetti, y le exigieron que la ley que regula las fumigaciones de agrotóxicos no vuelva a perder estado parlamentario y contemple 2 prohibiciones sin las cuales seguirá careciendo de eficacia, tal como sucede en la actualidad.
En primer término exigen que se prohíban definitivamente las fumigaciones aéreas en la provincia. Argumentan que el esparcir venenos al aire y a alturas variables no permite ninguna clase de control respecto del área a la que termina extendiéndose toda vez que éstas dependen no sólo de los planes y de las pericias del aviador sino además de las condiciones climáticas.
El segundo requisito planteado es que el área de exclusión para fumigaciones con agrotóxicos se amplíe a por lo menos 800 metros alrededor de las zonas urbanas como medida para resguardar la salud de la gente.
En relación a los problemas que ocasionan los agroquímicos, como el glifosato, en las personas, el ambientalista Carlos Manessi del Centro de Protección a la Naturaleza indicó que "el glifosato se usa en cantidades astronómicas. Si bien el glifosato está considerado como uno de los herbicidas más benignos, lo que nos asustan son las cantidades. Se están usando 500 millones de litros por campaña en la Argentina en la agricultura y eso indefectiblemente tiene que llegar a impactar en la salud de las personas como sucede".
La campaña para impedir las fumigaciones comenzó hace siete años y recién ahora está dando sus frutos con fallos históricos en Santa Fe y en Córdoba. |
Con respecto al impacto en los ciudadanos tanto de las ciudades como de las zonas urbanas, Manessi señaló que "se está tomando conciencia. Cuando largamos la campaña "Paren de Fumigarnos", hará siete años, era la soledad total. Pero a partir de ahí se fue generando una conciencia y hoy podemos decir que en la sociedad santafesina existe esta cuestión de que muchas de las enfermedades que están sucediendo tienen algo que ver con lo que pasa en el campo. Hay estudios de esto. El Ministerio de Salud provincial constató que en 4 meses que no se fumigó bajaron las consultas médicas un 80 por ciento y ellos lo atribuyen a la falta de fumigación".
Las organizaciones dijeron que este reclamo popular, es una de la más importantes muestras ciudadanas de participación de las que se tenga registro en la provincia, porque se recogieron firmas en 70 poblaciones que cubren prácticamente toda la geografía santafesina y con el apoyo explícito de más de 110 instituciones de la vida civil.
El fallo de la ciudad de Córdoba
El día martes 21 de agosto de 2012, se conoció el fallo del juicio por contaminación a partir de fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, de la provincia de Córdoba.
El mismo consta de 3 años de prisión en suspenso (condicional, no es cumplimiento en cárcel), para dos de los tres procesados, un agropecuario y un aerofumigador, teniendo que cumplir con tareas comunitarias (10 horas semanales) y se les prohíbe fumigar por 10 años.
Si bien este fallo no cumple con las expectativas de las Madres de barrio Ituzaingó, que querían verdadera prisión para los condenados, es importante destacar que el mismo sienta precedente para las fumigaciones ilegales, y hay que tener en claro que se juzgó una “Falta”, la violación de la ordenanza municipal N° 10590, del 2003, que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 2500 metros de cualquier vivienda del barrio.
Este juicio constituyó entonces el primer proceso en Argentina por contaminación dolosa con el uso de agroquímicos para la salud humana donde si bien la actividad de fumigación es lícita y avalada por el Senasa, puede ser delictiva por violar leyes de agroquímicos, ordenanzas municipales y el principio precautorio.
Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo lograron enjuiciar a un productor y a su aero aplicador. |
A partir de este fallo quien fumigue en forma ilegal puede quedar detenido porque es delito, con una condena de 3 a 10 años de prisión. Es de destacar que no existe precedente de esta naturaleza en toda Latinoamérica sobre la aplicación de agroquímicos.
En este juicio quedó en evidencia que los agroquímicos enferman y matan, 113 de 142 niños del barrio tienen agroquímicos en la sangre, conviven con 5 a 6 herbicidas e insecticidas en el cuerpo, existen estudios que así lo prueban, un alto índice de casos de leucemia, cáncer, asma, etcétera.
No podemos dejar de mencionar que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales y municipales son responsables del control y aplicación de los resguardos necesarios para preservar la salud de la población y del cumplimiento del art. 41 de nuestra Constitución Nacional.
La movilización de los vecinos en varias provincias indica que el actual modelo agropecuario no va más, porque está basado en extraordinarias ganancias para unos pocos, enfermedad y muerte para el resto, viola el respeto por la vida y deja tierras completamente contaminadas para las generaciones futuras.
Para mayores informes sobre el juicio en Córdoba del que no existe precedente de esta naturaleza en toda Latinoamérica sobre la aplicación de agroquímicos, haga clic aquí.