MÁS DE 10.000 FIRMAS EN RECHAZO A LA INMINENTE NUEVA LEY DE SEMILLAS EN LA ARGENTINA

En el transcurso del 2014, el Congreso nacional debatirá un proyecto de una nueva ley propuesta por el kirchnerismo a medida de Monsanto. La eliminación del uso propio gratuito de semillas que es un derecho adquirido sería inconstitucional.

Tras la inauguración el sábado por parte de Cristina Kirchner de las sesiones en el Congreso, se viene el debate sobre la “Ley de Semillas o Ley Monsanto”. Vale recordar que las semillas pertenecen a todos, son el resultado del trabajo colectivo acumulado de miles de generaciones de agricultores, que las han domesticado, criado, seleccionado, mejorado, conservado e intercambiado desde épocas ancestrales.

La batalla por el control de las semillas de la
Argentina está llegando al Congreso nacional.

Tan milenaria como la agricultura es el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. El proyecto de la nueva Ley de Semillas, que promueve el oficialismo es calificado por algunos como “Ley Monsanto en Latinoamérica”. La decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es alterar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”.

En la Argentina, hoy está vigente la ley de semillas N° 20.247, sancionada en marzo de 1973 durante el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse. Esta Ley de semillas 20.247, en su artículo 4º creaba una Comisión Nacional de Semillas de 10 miembros designados por el entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como esta comisión era molesta, en 1991, durante el menemismo se disolvió por decreto reglamentario n° 2.183/91, creándose el INASE que fue disuelto por un decreto del presidente Fernando de la Rúa en el año 2000 y reconstituido el CONASE (Comisión Nacional de Semillas) por decreto presidencial Nº 2186/2010 de Cristina Fernández de Kirchner.

Movidas estratégicas para eliminar una buena ley de semillas que existe desde 1973

La Ley Lanusse de semillas es una buena ley y por ello, quienes mueven los hilos del mundo han decidido eliminarla porque impide que las empresas multinacionales limiten el acceso a las tecnologías (semillas) de los pequeños y medianos productores. No es casualidad que desde hace más de 10 años, la empresa Monsanto está intentando modificarla tal como hizo en Estados Unidos donde existe la norma UPOP  91, esto deriva en persecución a los agricultores que guardan semillas.

Monsanto se instaló en Argentina en 1956, con una planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. En 1978 se instaló en Pergamino y, en 1994, sumó una planta en Rojas (Buenos Aires).

El secretario de Agricultura en 1996,
Felipe Solá, autorizó la comercialización 
de las semillas transgénicas "tolerantes
al glifosato", sin ningún debate
parlamentario, pruebas o ley que
regulara los cultivos transgénicos.

En 1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Con la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, la resolución 167 tuvo luz verde en un trámite exprés: sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. El expediente, de 146 páginas, carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, y – sobre todo – el Estado argentino no realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo, se limitó a tomar como propios los informes presentados por la parte interesada (Monsanto). Solá, el 3 de abril de 1996  firmó alegremente la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, pruebas o ley que regulara los cultivos transgénicos.

Llega el 2003 y la empresa de agrotóxicos empezó a pedir que se cambie la ley de semillas. Pero en ese entonces no encontró ecos en el gobierno, y anunció que se retiraba del país y que no generaría más eventos hasta que no se cambiara la situación. Entre otras acciones, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa porque supuestamente contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía pago de sus regalías. Esa demanda la ganó Argentina. Pero en el año 2010-2011, el gobierno nacional empieza a replantear su postura sobre el tema.

En el año 2003, Monsanto comenzó a presionar
para que se cambie la ley de semillas de 
Argentina existente desde 1973.

A mediados de junio de 2012 en un discurso Cristina Kirchner afirmaba en el Consejo de las Américas su reunión con representantes de la empresa Monsanto y la intención de la empresa de volver a hacer inversiones. A mediados de agosto de ese año, Pablo Vaqueros, director de Monsanto Argentina y Norberto Yahuar, ministro de agricultura de la Nación, anuncian en conferencia de prensa el lanzamiento de la soja RR2 “Intacta”.

Según una investigación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS), este nuevo engendro, “Intacta”, tiene dos genes injertados ajenos al genoma del maíz, que le darán la capacidad de sobrevivir al herbicida glifosato. Además será resistente a un segundo herbicida: el glufosinato de amonio, “que comenzará a llover sobre los 12 millones de personas que viven en las zonas de cultivos transgénicos del país, agregaron los investigadores.

Marcha anti Monsanto en la ciudad de Córdoba.

En el mismo acto compartido entre el gobierno kirchnerista y Monsanto, el titular de la cartera agropecuaria nacional anunció las intenciones de enviar al Congreso un proyecto de ley de semillas que modificaría la ley ya existente, con la intención de “proteger la propiedad intelectual del proceso de desarrollo” que estaría listo en los próximos meses. Sin embargo, el año pasado y como efecto de las propias internas dentro del kirchnerismo, la discusión quedó paralizada pero Yahuar anunció que tendría lugar luego de las elecciones de octubre, pero eso tampoco sucedió. Con estos antecedentes, es de esperar que el debate se plantee en el transcurso del 2014.

A todo esto, Monsanto anunció en 2012 la construcción de lo que sería la mayor planta de procesamiento de maíz transgénico de América Latina, 32 hectáreas en el pueblo de Malvinas Argentinas de la provincia de Córdoba. La medida fue ampliamente rechazada por distintas organizaciones y movimientos sociales que mantienen un bloqueo al predio donde la empresa preveía construir la planta.

La policía se ensaña contra Sofía Gatica, la
madre del barrio cordobés Ituzaingó Anexo,
referente de las protestas contra Monsanto, y
que le ganó un juicio a los secuaces de la
empresa de agrotóxicos en dicha provincia.

La resistencia contra las acciones de la transnacional Monsanto tiene sus referentes, como el caso de Sofía Gatica, de “Madres de Barrio Ituzaingó” y los vecinos de la “Asamblea Malvinas Lucha por la Vida” que se encuentran bloqueando, la Planta que Monsanto está intentando construir allí.

Del mismo modo, los vecinos de “Río Cuarto sin agrotóxicos” en el rechazo de la instalación de una “planta de experimentación” en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en la cual el propio intendente firmó un decreto para que no se habilite la obra, que comenzó a construirse sin los permisos correspondientes.

Igualmente se están emprendiendo distintas campañas a nivel nacional como internacional para resistir el accionar de la transnacional y además para “generar conciencia”, como consignan en el grupo abierto “Millones contra Monsanto“.

Monsanto tiene más del 80 % del
mercado mundial de semillas
transgénicas y el 27 % del mercado
mundial de semillas de todo tipo.

Monsanto controla 27 por ciento del mercado mundial de semillas de todo tipo (no solamente transgénicas) y tiene más de 80 por ciento del mercado mundial de semillas transgénicas, un monopolio industrial que no tiene precedentes en casi ningún rubro industrial. Solamente Bill Gates, con Microsoft, tiene un porcentaje de mercado tan alto. Pero a diferencia de los programas de computación, las semillas son imprescindibles para la vida: son la llave de todas las redes alimentarias.

El objetivo de Monsanto se enmarca en un proceso mundial de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones, que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como “derecho del obtentor“.

Con la nueva ley que fomenta el oficialismo
el agricultor perderá la libertad de sembrar
sus propias semillas.

En el nuevo proyecto de ley de semillas aparece la figura del obtentor que tendrá un derecho de propiedad intelectual que reconoce el mejoramiento genético hecho por una persona en una semilla siempre y cuando este mejoramiento sea, además de innovador, estable, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la semilla, monopolio que funciona igual que el derecho de autor de una obra artística. Es decir, este derecho hace que el autor sea la única persona que puede comercializar e incluso compartir la semilla, olvidando que éstas son una creación primero de la naturaleza y luego de los campesinos en el transcurso de 10.000 años.

El nuevo proyecto de ley le otorgará una
propiedad intelectual sobre las semillas y los
agricultores serán obligados a utilizar las
semillas de las multinacionales.

A su vez, la legislación que se intenta impulsar, establece que los agricultores sólo pueden utilizar aquellas semillas que están debidamente registradas y certificadas. De aprobarse la normativa, se verían obligados a pagar regalías de por vida a las multinacionales por el uso de sus semillas certificadas y, quienes no lo hagan, serán perseguidos y castigados como criminales, por robar genes patentados.

Por otro lado, los estándares exigidos para la certificación de las semillas son muy altos y sólo pueden cumplirlos las grandes empresas multinacionales. En este sentido, cabe destacar que las semillas patentadas se han transformado en el tercer negocio más rentable del mundo.

Más de 500 organizaciones sociales contra la “Ley Monsanto”

El Movimiento Nacional Campesino Indígena, junto a Amigos de la Tierra y la organización GRAIN, han recolectado más de 10.000 firmas en su campaña en rechazo de la modificación de la Ley de Semillas en Argentina.

Carlos Vicente, representante del movimiento Acción por la Biodiversidad. En declaraciones a diversos medios de comunicación, destacó que además cuentan con las adhesiones de más de 500 organizaciones sociales y que trabajan a nivel latinoamericano.

El gobierno argentino intentará
"privatizar las semillas del país"
prohibiendo la reutilización de
las simientes que los productores
obtienen de sus propias cosechas.

Distintas organizaciones y movimientos exponen que la modificación a la ley de semillas vigente equivale a “privatizar las semillas”, e implica el “pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnológicas por la utilización de las semillas mejoradas y patentadas”.

Además rechazan la modificación, alegando que violará un derecho de los agricultores de “seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente”, al intentar prohibirse la reutilización de los simientes que los productores obtienen de sus propias cosechas.

En el petitorio de firmas, las organizaciones sociales denuncian que la nueva ley está teñida de “secretismo”, porque se está llevando adelante a “puertas cerradas” y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate.

Asimismo, manifiestan que crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales, incluso al aplicarse la ley a todas las especies nativas, son susceptibles de transformarse en propiedad de empresas extranjeras.

Del mismo modo, declaran que la nueva ley “atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país” y pone en riesgo su “soberanía alimentaria”, a través de la concesión de nuevos privilegios a las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola.

Proyecto de Ley a medida de las multinacionales de semillas

Según el documento que se filtró con el texto del anteproyecto del kirchnerismo y que circula por internet, el título propuesto es “Ley de semillas y creaciones fitogenéticas” y está consensuado con la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura.

La modificación de la Ley de semillas se
debe a la presión que ejerce Monsanto
sobre el gobierno kirchnerista.

En el documento, se aclara que la ley tiene como objetivo “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”. La ley explica que se entiende por “Creación Fitogenética” al cultivo obtenido por “descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos, al mejoramiento heredable de las plantas”.

Debido a esto, aumentan las denuncian sobre que la modificación de la ley es fruto de la presión que ejerce Monsanto sobre el gobierno para que éste le garantice una “seguridad jurídica” a sus inversiones en transgénicos.

De aprobarse la nueva ley será ilegal la utilización de semillas orgánicas y se impulsará un ataque directo a la economía y la salud del pueblo argentino negando e ignorando la peligrosidad de los transgénicos, y criminalizando a los productores orgánicos. La Ley abarca la totalidad de las semillas, no sólo las semillas utilizadas por la industria agropecuaria. Las plantas curativas naturales son ilegales para esta ley. Otorga a Monsanto potestad absoluta sobre la vida y la naturaleza en Argentina, pudiendo esta corporación literalmente destruir y/o cambiar el código genético de cualquier animal, vegetal y de los seres humanos en territorio nacional.

Los legisladores que defiendan este proyecto de
Ley Monsanto son infames traidores a la patria.

Escrita por Monsanto y propuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto para Argentina es negociado en secreto por nuestros funcionarios públicos. La misma Ley ya fue rechazada en Europa y muchos países de Latinoamérica. De hecho, Monsanto solo logró su aprobación en Estados Unidos.

Los legisladores que defiendan este proyecto de ley son infames traidores a la Patria, porque actuarán contra la soberanía, la salud pública y el futuro económico nacional, y por lo tanto deberán ser considerados traidores a la Patria por el pueblo argentino. Al aprobar la Ley de Monsanto sobre Semillas, los funcionarios argentinos incurrirán automáticamente en Incumplimiento de deberes de funcionario público.

Toda semilla será "fiscalizada", "identificada" y 
"patentada" de aprobarse el proyecto de ley.

Miles de poblaciones de la Argentina dependen directamente de la producción agropecuaria y agroindustrial. A su vez cada producción en particular va generando un entramado de actores y procesos de agregación de valor que en forma eslabonada se van integrando en complejas cadenas agroindustriales, agroalimentarias o redes locales de desarrollo, etc. De aprobarse el nefasto proyecto de ley de semillas, todo esto pasará a estar bajo la supervisión de millonarios intereses ávidos por controlar la producción y la venta de las semillas a través de patentes. Todo será propiedad de Monsanto y de compañías semejantes, semillas, frutos, bulbos, tubérculos, raíces, flores y toda variedad vegetal en general. Toda semilla será “semilla fiscalizada", “identificada” y “patentada”. Según el proyecto, la duración del derecho de propiedad en caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, con inclusión, en cada caso, de sus portainjertos, no podrá ser inferior a 18 años ni superior a 25 años, a contar desde la fecha de concesión de los derechos del obtentor de variedades vegetales que así se llamará al poseedor. En el título de propiedad figurarán las fechas de expedición y de caducidad.

Según el nuevo proyecto de ley de semillas, el que expusiere o entregare a cualquier título semilla no identificada será sancionado con multas y decomiso de la mercadería.

Con la excusa de la "bio-piratería" se intentan
arrebatar los derechos ancestrales que tiene la
humanidad sobre las semillas.

Funcionarios obedientes a Monsanto, en caso que se apruebe la nueva ley de semillas, podrán, en cumplimiento de esta ley inspeccionar, extraer muestras, hacer análisis y pruebas de semillas depositadas, transportadas, vendidas, ofrecidas o expuestas a la venta, en cualquier momento o lugar. Tendrán acceso a cualquier local donde existan semillas y podrán requerir e inspeccionar cualquier documentación relativa a las mismas. Podrán detener e intervenir la venta y movilización de cualquier partida de semilla en presunta infracción, por un período no mayor de treinta días. Podrán requerir la cooperación funcional de otros organismos oficiales, así como el auxilio de la fuerza pública, en todos los casos que lo considere conveniente.

Con el pretexto del patentamiento de las semillas que se tratará de imponer sea como sea, estas empresas multinacionales inventan la “bio piratería” un nuevo delito con la intención de arrebatar los derechos ancestrales que hemos recibido de la naturaleza, patrimonio colectivo de la humanidad.

Si se aprueba la nueva ley, implicará un
certificado de defunción a las semillas
naturales que serán reemplazadas
por las transgénicas.

Esto implica otorgar un certificado de defunción a las semillas naturales, que serán reemplazadas por semillas transgénicas de propiedad de las grandes empresas, y que para su correcto desarrollo, requieren de insumos (químicos, pesticidas, abonos, etc.) que las mismas empresas proveen en forma monopólica.

No olvidemos que las semillas que nos regala nuestra madre tierra son verdaderos e irremplazables tesoros de la humanidad y cada una de ellas guarda en su código genético miles de años en su historia de evolución.

Y hay un hecho que revela la importancia de la cuestión: la construcción de una verdadera fortaleza blindada, en el interior de una montaña en la isla de Svalbard (Noruega), que funciona como el banco mundial de semillas conocido como la “Bóveda del fin del mundo”. Su objetivo es salvaguardar la biodiversidad de cultivos alimentarios, haciendo una copia de seguridad de todas las semillas que existe en el mundo y programadas para ser usadas en un nuevo amanecer de la especie humana, ya sea por catástrofes naturales o autodestrucción propia del hombre. Y no son precisamente semillas transgénicas las que allí se almacenan, sino semillas naturales proporcionadas por la naturaleza.

Permitir que se adecúe la legislación a las necesidades de las multinacionales de la industria semillera, equivaldrá a permitir una privatización de la vida misma.

Carlos Vicente, integrante de Grain:
"La modificación de la ley va por todas
semillas, no solo la soja".

Al respecto, Carlos Vicente, de la organización internacional Grain (organización referente en el estudio del mercado de semillas y las corporaciones agrícolas). “La ley actual, de la década del 70, permite el uso propio. Durante miles de años los campesinos criaron, mejoraron y cambiaron semillas, sin que nadie se las apropiara. Pero se crea un derecho de propiedad intelectual, no es la patente sino a la ‘obtención vegetal’, y se puede tener derecho de propiedad intelectual, un monopolio sobre la semilla que quita reconocimiento a los miles de años de historia campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser dueños de las semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se oponen de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de creación de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de años”.

Vicente apunta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), constituida en 1961, donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro y a la que adhieren los estados (entre ellos, claro, Argentina). En 1978, la UPOV crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención” de un vegetal, que va en línea con la patente en manos de empresas, pero también reconoce el uso propio de semillas, para volver a sembrar las semillas sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir mejoras sobre cada semilla nueva.

Si se aprueba la Ley Monsanto,
los agricultores no podrán
guardar sus propias semillas.

La UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que una empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros quieren seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave, es la apropiación de la vida”, denuncia Vicente.

Vicente remarca que la modificación de la ley “va por todas las semillas, no solo la soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva de los agronegocios” en todo el continente y la resume de una forma que mete miedo: “Es un paso hacia la privatización de las semillas, la privatización de la vida en manos de las corporaciones”.

Campesinos europeos protestan contra Ley de semillas europea

En enero de 2014 Campesinos europeos protestaron delante del Parlamento Europeo en Bruselas ante el proyecto de Ley de Plantas Reproductivas de la Comisión Europea, ingresado en mayo de 2013 y que busca limitar los cultivos de semillas autóctonas e incluso silvestres.

Unai Aranguren declaró: "Para nosotros las
semillas son un bien, un patrimonio de toda
la humanidad. Ellos lo ven como un negocio
y nosotros como un derecho de los pueblos".

La Red de Semillas y COAG exigieron al Parlamento Europeo y al Ministerio de Agricultura; Respeto a los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas; Reglas adaptadas para las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales; Reglas adaptadas para el registro de las variedades para la agricultura ecológica y para la agricultura a pequeña escala; Posibilidad de elegir los alimentos que los agricultores y clientes consumen y las plantas que cultivan; Mantenimiento de un sistema público de control y certificación de las semillas.

El vasco Unai Aranguren, explicó en una entrevista citada por la Organización Vía Campesina, que fueron con “la intención de evitar nuevas legislaciones que impidan la conservación, intercambio y cultivo de semillas autóctonas en favor de las empresas trasnacionales”.

"Solo a través de la
conservación de la
biodiversidad, que se
garantiza renovando
constantemente las
semillas campesinas,
podremos ofrecerle al
consumidor alimentos
sanos y de calidad",
dijo la holandesa
Hanny van Geel.

Vía Campesina comunicó en su portal que el proyecto de ley busca la difusión de plantas y variedades patentadas, y si además prohíben totalmente las semillas de granja, este hecho “daría lugar a la contaminación de todas las semillas agrícolas y la privatización del control público del mercado, reemplazada por ingentes estructuras privadas controladas, bien por la industria, o bien por las grandes empresas, a través de sus propios controles internos.

“Para nosotros las semillas son un bien, un patrimonio de toda la Humanidad. Ellos lo ven como un negocio y nosotros como un derecho de los pueblos”, dijo Aranguren. Según el ambientalista la legislación sirve hacer “mayores negocios” por parte de las corporaciones como las multinacionales Monsanto y Syngenta.

Hanny Van Geel, una campesina holandesa, afirmó que “sólo a través de la conservación de la biodiversidad, que se garantiza renovando constantemente las semillas campesinas, podremos ofrecerle al consumidor alimentos sanos y de calidad”, según Eurovia el 22 de enero.

El alemán Guy Kastler reveló que "las únicas
semillas capaces de adaptarse al terreno sin
necesidad productos químicos son las
semillas campesinas".

A su vez Guy Kastler, un campesino francés, por la misma vía, reiteró que “las únicas semillas capaces de adaptarse al terreno sin necesidad de productos químicos son las semillas campesinas precisamente porque han sido seleccionadas y multiplicadas en cada campo”, según Eurovia.

Días antes, expertos de diferentes países de la Unión Europea de las ONG Eurovia, la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la Red de Semillas de Francia, entre otras, se reunieron en Madrid en el Seminario organizado por COAG y la Red de Semillas para debatir sobre la nueva normativa. “La propuesta de la Comisión Europea limita los derechos del agricultor a vender sus propias semillas y supone una seria amenaza para la biodiversidad agrícola”, fue la posición general, generada tras un encuentro realizado el pasado 17 de enero en Madrid, y organizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

El 11 de febrero de 2014, Andoni García Arriola miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG afirmó que "… la ciudadanía no quiere transgénicos y tampoco la mayoría de los políticos y los gobiernos. El Gobierno de España debe replantearse su posición y apostar por una agricultura y alimentación sin transgénicos, en línea con la mayoría de los países de Europa y con las demandas de la ciudadanía".